El caso Doña Carlota, la mujer de la tercera edad que atacó a balazos a presuntos invasores de su vivienda el pasado 1 de abril, causando la muerte de dos hombres, destapó todo un entramado criminal que obligó a las autoridades a tomar en serio el delito de despojo en el Estado de México.
Tras este caso registrado en el municipio de Chalco, el gobierno del Estado de México y las diferentes corporaciones policiacas identificaron al menos a cinco células delictivas dedicadas al despojo y la extorsión en 14 municipios, principalmente en el Valle de México.
El despojo ha sido uno de los delitos con mayor crecimiento en el territorio mexiquense durante los gobiernos de la 4T, pues a partir de 2018, cuando Morena llegó a la administración pública, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública advierten que el ilícito incrementó más del 68% en el Estado de México.
Tan sólo en los primeros cuatro meses de 2025, el aumento de denuncias por despojo en la entidad que gobierna Delfina Gómez Álvarez es de 9.1%, en comparación con el mismo periodo de 2024, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
A pesar de las denuncias presentadas por los afectados contra el delito de despojo, la falta de respuesta y eficiencia de las autoridades generó una escalada de casos en diversos municipios, y no fue hasta que pareció el lamentable caso de Doña Carlota que la alerta estalló y obligó a las autoridades a atender un problema exponencial.
La señora de la tercera edad, desesperada ante la falta de respuesta de las autoridades y enfurecida por la invasión de la propiedad, decidió la tarde del 1 de abril pasado acudir armada al domicilio acompañada por dos de sus hijos. El caso terminó en doble homicidio.
Por este suceso que generó conmoción en la sociedad y que causó opiniones encontradas en las redes sociales, la mayoría en favor de la señora como muestra del hartazgo social, fue que el gobierno mexiquense, en coordinación con corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno, anunciaron la puesta en marcha del llamado operativo Restitución.
Cinco células temibles
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, las acciones emprendidas en el marco del operativo Restitución, han permitido detener a los principales cabecillas de organizaciones criminales, movilizados bajo la etiqueta de “sindicatos”.
Para desgracia de la sociedad, estas células criminales, dicho por la propia Fiscalía, tenían protección de gobiernos municipales, tal y como sucedía en Ecatepec, donde las gavillas de hampones actuaban bajo la complacencia y la tutela de la administración municipal, la cual fue encabezada en dos ocasiones por el hoy ex alcalde Fernando Vilchis Contreras, quien actualmente se desempeña como diputado federal del Partido del Trabajo.
Tras las investigaciones, las autoridades han arremetido contra dirigentes de las siguientes organizaciones delictivas:
1.- La Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON)
2.- Gestión y Organización Popular Emiliano Zapata (GOPEZ)
3.- Unión 300” y/o “Los 300
4.- Sindicato 22 de octubre
5.- Los Gastones
La aparición ante la opinión pública del caso Doña Carlota obligó a las autoridades a trabajar ante un problema social conocido y solapado, pues para nadie era desconocida la presencia de estos grupos criminales en diversos municipios del Estado de México.
Hasta notarios en la red
El pasado viernes 30 de mayo, la Fiscalía de justicia estatal dio a conocer que están en curso acciones penales contra 23 personas por su probable intervención en actividades de despojo y extorsión. En estas acciones están involucrados tres notarios, cinco servidores públicos estatales y cuatro municipales.
Las autoridades manifestaron que de las cinco organizaciones citadas se han logrado detener, hasta el 2 de junio, a 12 objetivos (cabecillas) prioritarios, dedicados al despojo y extorsión en 14 municipios mexiquenses. También se dio a conocer que se ha ejercitado acción penal contra otros 12 individuos, todos ellos relacionados con el entorno de colusión y operación de los delitos de despojo y contra la propiedad.
Las indagatorias han permitido establecer que los investigados llevaron a cabo acciones de manera individual o colectiva y que favorecieron a terceros para ocupar de propia autoridad y sin tener derecho a ello, casas habitación, locales comerciales, naves industriales o predios.
En todas estas acciones criminales, destaca en este modus operandi la participación de grupos violentos de choque al amparo de “sindicatos”, avalados por autoridades municipales en complicidad con servidores públicos estatales, para finalmente regularizar las propiedades ante notarios públicos, quienes conocían plenamente su origen irregular.
En el marco del operativo Restitución, en el periodo que comprende del 22 de mayo al 2 de junio fueron cumplimentadas órdenes de aprehensión en contra de 12 líderes de organizaciones criminales.
La USON
Por lo que respecta a los detenidos relacionados con la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), la Fiscalía identificó que valiéndose de su presencia armada y el masivo reclutamiento, intimidaban a habitantes o poseedores de casas habitación, locales comerciales o incluso inmuebles desocupados o en aparente estado de abandono.
De esos inmuebles se apropiaban ingresando violentamente, bajo amenazas y actos de intimidación. Los transgresores ocupaban para sí dichas edificaciones y exigían cantidades de dinero para devolverlas a sus víctimas. Estos ataques a la propiedad privada los cometían principalmente en municipios como Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huehuetoca, Tecámac, Tlalnepantla y Zumpango.
En todos los casos investigados por las autoridades, los presuntos delincuentes se dirigían con palabras altisonantes contra sus víctimas. La Fiscalía reveló algunos de los ejemplos sobre la actuación de los integrantes de estas bandas.
“El 26 de mayo fue aprehendida Gabriela “N”, quien el pasado 8 de octubre, junto con su pareja sentimental, aprovecharon la ausencia de una víctima para ingresar al domicilio ubicado en la colonia Unidad Obrero CTM, en el municipio de Ecatepec, cuando ésta regresó la encontró ocupada por la ahora detenida y otros sujetos quienes amagándola con armas de fuego le dijeron “no pongas una demanda, porque nosotros somos de la mera USON, tenemos un chin… de varo y podemos comprar la pi… ley, yo pisteo a todos esos perros.
Gopez
En el caso de la organización social autodenominada Gestión y Organización Popular Emiliano Zapata (GOPEZ), las diligencias identificaron que, con apoyo del anterior gobierno municipal de Ecatepec (encabezado por el entonces alcalde Fernando Vichis Contreras), generaban supuestos alertamientos policiales derivado de reportes anónimos, a partir de ellos acudían a los lugares señalados a efecto de desocupar a los propietarios legítimos y entregarlos a integrantes del referido grupo u otras organizaciones con fachada de “sindicato”.
Como consecuencia de ello, detenían a los ocupantes de casas habitación y comerciospara presentarlos ante la autoridad administrativa o el Agente del Ministerio Público, luego de ser liberados, los afectados volvían a sus domicilios sólo para advertir que estos se encontraban ocupados por el grupo criminal.
El 23 de mayo fue detenido en Veracruz Hugo Francisco “N”. Actualmente, este sujeto se encuentra recluido en el penal de Tenango del Valle, vinculado a proceso y con medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
Los 300
Otro de los grupos investigado por su relación con la comisión de diversos hechos delictivos en municipios como Ecatepec, Tecámac y Zumpango, es el autodenominado Unión 300 y/o“Los 300, cuyos integrantes son indagados por su participación en homicidios, venta de narcóticos, extorsiones a transportistas y comercios, robo con violencia y delitos contra la propiedad o despojo, derivado de las indagatorias se cuenta con información que permite establecer que esta organización contó con un entramado de protección encabezado por el más alto nivel de la pasada administración del ayuntamiento de Ecatepec.
También se ha identificado que, con el objetivo de desviar las investigaciones en su contra, integrantes de Unión 300 y/o Los 300 se videograban cuando realizan actividades violentas como disparos de arma de fuego, extorsiones o robos y después los difunden señalando que fueron sujetos que pertenecen a grupos rivales con los que se disputan el control de actividades ilícitas.
Sindicato 22 de Octubre
De acuerdo con la Fiscalía, el Sindicato 22 de octubre, con presencia principalmente en Chalco, se apropia de forma violenta de viviendas desocupadas y de manera destacada de aquellas habitadas por personas en situación de vulnerabilidad.
El pasado 26 de mayo elementos de la Fiscalía mexiquense dieron cumplimiento a orden de aprehensión en contra de Lourdes Yohana “N” y Víctor Heladio, alias “El Taz”, integrantes del “Sindicato 22 de octubre”, por el hecho delictivo de despojo, ambos investigados habrían ingresado, junto con tres individuos, a una casa habitación ubicada en la colonia Ex Hacienda de Guadalupe, en el municipio de Chalco, sin embargo, fueron agredidos por disparo de arma de fuego por la víctima, su madre identificada como Carlota “N” y otro de sus familiares, quienes habrían privado de la vida a dos de los cómplices de los ahora detenidos.
Cabe señalar que Víctor Heladio “N” alias “El Taz”, se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, donde fue vinculado a proceso por el ilícito de extorsión por el cual fue detenido en flagrancia por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.
Los Gastones
La organización delictiva conocida como Los Gastones, con presencia en los municipios de Chalco y Valle de Chalco, así como en alcaldías de la Ciudad de México, también es investigada por los delitos de despojo y extorsión.
Dentro de los despliegues operativos coordinados con autoridades federales y estatales, el pasado 3 de mayo, se logró la detención de Brandon Salvador “N” alías “El Gastoncito”, considerado como líder del grupo criminal autodenominado “Los Gastones”, este individuo se encuentra vinculado a proceso por delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita y el pasado 26 de mayo le fue cumplimentada orden de aprehensión en reclusión por el delito de extorsión, ya que durante el mes de abril pasado, el investigado en compañía de otros sujetos, quienes portaban armas de fuego, se presentaron al domicilio de la víctima y le exigieron el pago de tres mil pesos mensuales con la finalidad de ofrecerle protección.
