El Estado de México es una de las entidades con mayor número de desapariciones de personas menores de edad, así lo revela el análisis de la organización México Unido Contra la Delincuencia, que evidencia un incremento sostenido de delitos que afectan directamente a niñas, niños y adolescentes.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), la entidad mexiquense ocupa el primer lugar nacional en casos de desaparición de personas menores de edad durante el primer trimestre de 2025.
De enero a marzo se registraron 191 víctimas, lo que supera ligeramente a la Ciudad de México, con 190 casos; y a Puebla que registra 146.
Estas tres entidades concentran 58% del total nacional de desapariciones de menores en el periodo mencionado.
De acuerdo con los datos obtenidos de las carpetas de investigación iniciadas por las Fiscalías estatales, las edades más frecuentes de desaparición son 15 y 16 años en mujeres, con 2 mil 206 casos acumulados desde 2015, y 16 y 17 años en hombres, con 2 mil 178 registros en el mismo periodo.
Delitos contra la libertad personal afectan a menores mexiquenses
Durante el primer trimestre de 2025, el Estado de México registró 252 víctimas menores de edad por delitos contra la libertad personal, lo que la posiciona como la tercera entidad con mayor incidencia, solo por debajo de Veracruz 337 casos; y Nuevo León con 333. En tanto, la Ciudad de México que reportó 227 incidencia y Sinaloa 128 completan las cinco entidades que concentran 69% de las víctimas a nivel nacional en este tipo de delitos.
Desde 2015, las niñas han representado entre 52% y 59% de las víctimas menores de edad en este rubro, mientras que los niños han oscilado entre 41% y 48%.
Homicidios dolosos y feminicidios en menores
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reporta que, en 2024, se registraron mil 095 homicidios dolosos y feminicidios en menores de edad a nivel nacional. En el primer trimestre de 2025, la cifra asciende a 227 víctimas.
Aunque el Estado de México no figura entre las cinco entidades con mayor número de homicidios letales contra menores —lideradas por Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Baja California y Sinaloa—, la violencia en su territorio contra este grupo etario permanece como una preocupación, especialmente por la combinación con otros tipos de delitos como la desaparición o privación de la libertad.
Desde 2017, el uso de armas de fuego predomina como el mecanismo más frecuente en los homicidios de hombres menores, lo que supera 70% de los casos. En el caso de las mujeres, los porcentajes se distribuyen entre armas de fuego, con una incidencia de entre 50% y 60%, 30% a 38% con otros objetos y de 9% a 11% con armas blancas.
Limitaciones en el registro de delitos en menores
Las estadísticas del SESNSP se construyen a partir de carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías estatales, lo que implica que delitos como la desaparición o los delitos contra la libertad personal solo se registran cuando existe una denuncia formal y se abre una carpeta.
Así lo precisó Mexicanos Unidos contra la Delincuencia al hacer hincapié en que esto excluye los casos no denunciados o aquellos que no fueron tipificados por las autoridades.
De esas denuncias, únicamente 68% termina en una carpeta de investigación, lo que genera una cifra negra de 92.9%. / Foto ilustrativa / Ramsés Mercado
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, en México solo se denuncia 10.4% de los delitos cometidos.
De esas denuncias, únicamente 68% termina en una carpeta de investigación, lo que genera una cifra negra de 92.9%. En el caso del delito de extorsión, el subregistro se eleva hasta el 96.7%.
Necesidad de fortalecer mecanismos de protección infantil
El análisis “¿Qué nos dicen los últimos datos sobre delitos en México?” de México Unido Contra la Delincuencia destaca la urgencia de fortalecer los registros actuales, garantizar el acceso a datos abiertos y mejorar la colaboración interinstitucional para proteger a las infancias y adolescencias.
La organización subraya la importancia de incluir los derechos de niñas, niños y adolescentes en la generación de políticas públicas, así como fomentar la participación comunitaria para crear redes de protección infantil que trabajen en conjunto con las autoridades para prevenir y responder a casos de violencia.
