Desde 2011 el Ministerio Público Federal y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) tuvieron conocimiento que en los juzgados federales con sede en Toluca, Estado de México, existían redes de corrupción que beneficiaron a integrantes de grupos de la delincuencia organizada, que ello afectó la realización de operativos y detenciones de integrantes de los cárteles de Sinaloa y de los hermanos Beltrán Leyva, además formar un grupo de funcionarios judiciales que servían de mensajeros entre internos del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, sus abogados y familiares.
Desde ese año se han iniciado al menos cuatro indagatorias, dos de ellas de carácter interno en el CJF y las otras desde el ámbito ministerial por parte de la hoy Fiscalía General de la República (FGR), y entre ellos destacan las actividades realizadas por personal del Juzgado Segundo de Distrito en materia Penal con sede en la capital mexiquense, el mismo órgano en el cual se descubrió ayer un pago millonario a cambio de que se otorgara auto de libertad a José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, con respecto a la acusación que se formuló en su contra por la comisión de delincuencia organizada.
